Participación

El proyecto promueve la participación de las comunidades y actores relevantes del territorio.

Relacionamiento
Comunitario

La responsabilidad social es una visión corporativa en la que buscamos integrar el desarrollo económico y operacional de la empresa con el respeto por los valores, las personas y el medio ambiente.

Por más de una década, empresas Melón trabaja con las comunidades donde se encuentra presente, desarrollando programas orientados con y para las personas de las diferentes localidades.

Uno de los pilares fundamentales que la compañía utiliza es el concepto de “asociatividad”, es decir, trabajo en equipo que considera diversas y valiosas miradas en el desarrollo de programas para y con la comunidad, lo cual permite un desarrollo integral.

En los siguientes documentos se detallan las diversas iniciativas que empresas Melón realiza día a día a favor de sus comunidades aledañas, las que han cautivado a cientos de chilenos, y con ello contribuido en una mejor calidad de vida para ellos y sus familias.

Participación Ciudadana en el SEIA

Dentro de la Ley 19.300, la participación ciudadana es un principio esencial en asuntos ambientales y se considera como un mecanismo de gestión ambiental presente en diversos instrumentos.

En particular, en el SEIA, la PAC juega un papel crucial, permitiendo que las personas se informen y realicen observaciones sobre proyectos en evaluación.

El SEA es responsable de establecer mecanismos que aseguren una participación informada, a través de acciones informativas y encuentros con la comunidad durante el proceso de calificación ambiental de los EIA y de las DIA. Además, es responsable de dar respuesta a las observaciones ciudadanas que se emitan durante el proceso de evaluación.

La PAC es importante
en la evaluación de impacto ambiental

Porque permite que las personas se informen y emitan opiniones fundadas acerca de un proyecto o actividad que se pretende ejecutar, y además que obtengan respuesta a sus observaciones.

La ciudadanía puede aportar información relevante a la evaluación ambiental y dar transparencia al proceso de evaluación de los EIA y las DIA.

La Participación Ciudadana en el SEIA se implementa de manera diferenciada según si se trata de un EIA o una DIA.

Para los EIA, la Ley 19.300 establece una instancia de Participación Ciudadana obligatoria, que dura 60 días hábiles, contados desde el día hábil siguiente a la última publicación del extracto del proyecto.

En el proceso de PAC en el SEIA, diversos actores tienen roles fundamentales, como la ciudadanía, el SEA, los Organismos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental (OAECA) , y los titulares de proyectos. Todos deben garantizar una participación informada y respetuosa.

El rol de la ciudadanía en la PAC es fundamental. Implica que las y los ciudadanos tienen la oportunidad y el derecho de involucrarse en los asuntos ambientales que afectan a su comunidad y a la sociedad en general. En este proceso, la ciudadanía aporta información relevante a la evaluación ambiental y da transparencia a la revisión de los EIA y de las DIA, otorgando solidez a la decisión de las autoridades.

Para los titulares de proyectos o actividades, sus obligaciones se encuentran descritas en el artículo 84 del Reglamento del SEIA, y el SEA podrá solicitar que informen a la comunidad sobre las características del proyecto o actividad y sus impactos en las actividades que se estimen necesarias. Todo esto con el objetivo de asegurar la participación informada de la comunidad.

Para más información, revisar la “Guía de participación ciudadana en el SEIA”, en el siguiente link: https://sea.gob.cl/sites/default/files/imce/archivos/2023/09/14/Resolucion_202399101698_Guia_participacion_ciudadana_SEA.pdf

Acuerdo de Escazú

El Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe fue adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018.

Siendo el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe y el único en el mundo que contiene disposiciones específicas destinadas a proteger a personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales.